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Se trata de las primeras cinco aldeas declaradas tras la entrada en vigor de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia y a las que se le aplicará esta novedad, que implica el reconocimiento de la existencia de razones de interés público para la tramitación de urgencia de su procedimiento y de los informes ambientales y sectoriales respectivos. Entre todas ellas, conseguirán poner en valor más de 130 hectáreas alrededor de los núcleos de población que buscan dinamizar, con casi 1.400 parcelas implicadas de cerca de 600 propietarios. Mediante estos instrumentos, se persigue avanzar en la búsqueda de la recuperación de la actividad económica y social de los terrenos de antiguo uso agrícola, ganadero y forestal, así como de los núcleos incluidos en ellos
El proyecto básico es un documento técnico que elabora la Agencia Gallega de Desarrollo Rural una vez que se produjo la declaración de utilidad pública del polígono agroforestal. La revisión del parcelario es la primera de las actuaciones del proyecto básico y consiste en la comprobación sobre lo terreno de la precisión del parcelario existente mediante revisión de los límites de las parcelas. Una vez elaborado el plano parcelario, se someterá la exposición pública durante 20 días hábiles en la página web de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y en el tablero de anuncios del ayuntamiento en el que se localice el polígono agroforestal
El subdirector de movilidad de tierras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural impartirá esta formación a lo largo de los meses de junio y julio en las cuatro capitales de provincia. Cabe destacar el compromiso prioritario de la Xunta con la permanente modernización y mejora de las oficinas agrarias comarcales, poniendo en valor su condición de entidades colaboradoras para la aplicación efectiva de esta ley en el territorio gallego
El Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución que contempla las bases reguladoras de estas aportaciones, con un presupuesto de 840.000 euros que supone casi triplicar el presupuesto de la anterior convocatoria de 2016. Está orientada a que los grupos puedan llevar a cabo un completo proceso de participación pública que integre a toda la población y agentes locales, para disponer lo antes posible de una estrategia adaptada a la nueva realidad social y normativa del rural
